Para poder rebajar este umbral a los 1.000 euros y no dejar la cifra en un ámbito discrecional, el PSOE contó ayer en el Congreso con la colaboración de Izquierda Unida, principal promotora de esta iniciativa, de Esquerra Republicana y también, aunque de forma indirecta, del Partido Popular, formación que se abstuvo. En cualquier caso, el proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales fue respaldado en su conjunto por unanimidad. Mediante este proyecto, se incorpora a la legislación española la directiva europea que obliga a las entidades financieras a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.
De esta forma, bancos y cajas estarán obligados a identificar a sus clientes, a establecer procedimientos y órganos internos de control y a examinar operaciones sospechosas para comunicarlas al servicio ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales. La nueva ley obliga también a estas entidades a guardar los documentos durante un mínimo de diez años y a formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales. La transposición de la directiva a la legislación española refuerza la función contra el blanqueo que ostentan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
La diputada socialista Gloria Gómez recordó ayer en el Congreso que todos los años se blanquean miles de millones de euros que se reciclan a través de actividades comerciales lícitas.
En su intervención, brotó la actualidad del caso Gürtel: ‘Esa es, precisamente, la mejor fachada para el blanqueo de capitales: la inversión en actividades y negocios legales, inversiones en promociones inmobiliarias, en joyas, en obras de arte, en la compra de acciones o mediante la inversión en sociedades, nada que no sepamos, y nada que no esté de plena actualidad’, dijo la diputada.
(Cinco Días, 23-04-2010)
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