Este jueves se celebra en Barcelona el primer juicio contra la Generalitat por las multas que se imponen a los comercios que no rotulan en catalán. Uno de los afectados, el empresario Manuel Nevot, ha decidido recurrir estas sanciones al entender que tiene "el derecho" a rotular su establecimiento en castellano, porque también es idioma oficial de Cataluña. La sanción que le impulso el gobierno catalán es de 400 euros por tener en castellano el letrero exterior de su negocio, ubicado en Vilanova i la Geltrú.
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